La vinculación de un instructor del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), dependencia de la Aerocivil, quedó bajo cuestionamiento después de que miembros de dos sindicatos de controladores de tránsito aéreo difundieran un pronunciamiento sobre su pasado judicial y sobre los documentos que tendría para ejercer labores de enseñanza. La información fue revelada el 3 de noviembre de 2026 por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.
El caso involucra a Julio Hernando Moya Buitrago, un antiguo trabajador aeronáutico colombiano que, de acuerdo con registros públicos citados por el periódico, fue capturado en 2010 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Allí fue declarado culpable por conspiración para importar cocaína y permaneció varios años en prisión. EL TIEMPO recordó que, en una publicación anterior, se le había relacionado con una investigación sobre la presunta adulteración de planes de vuelo para facilitar despegues y el ingreso ilícito de aeronaves.
Qué cuestionan los sindicatos
El pronunciamiento comenzó a circular el 22 de octubre y fue enviado a distintas autoridades. En él, integrantes de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) y del Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo (SCTA) cuestionan que Moya Buitrago esté impartiendo clases durante este año en el CEA.
“El señor ex convicto”
La expresión hace parte del documento difundido por los sindicatos, que también pone en duda si el instructor cuenta con una Licencia de Instructor de Tierra (IET). Además, los representantes sindicales sostienen que tampoco tendría una licencia vigente de controlador de tránsito aéreo ni otro documento que, según su interpretación, lo habilite para dictar formación especializada.
El señalamiento tiene relevancia porque el Centro de Estudios Aeronáuticos depende directamente de la Aerocivil y participa en la preparación de quienes aspiran a desempeñarse como controladores. Uno de los sindicalistas consultados por el periódico afirmó que la institución está sometida a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación, aunque, según su declaración, esas autoridades no habían verificado la situación mencionada.
La respuesta institucional pendiente
Hasta la publicación del informe, el CEA no había emitido un pronunciamiento sobre la contratación o designación del instructor, su situación documental ni los cuestionamientos formulados por las organizaciones sindicales. La información disponible tampoco detalla una decisión de la Aerocivil o del Ministerio de Educación sobre el caso.
Los elementos centrales de la controversia son:
- La presencia de un antiguo trabajador aeronáutico extraditado a Estados Unidos y condenado allí por un delito relacionado con narcotráfico.
- Las dudas sindicales sobre la existencia de una Licencia de Instructor de Tierra y de una autorización adecuada para impartir clases.
- La falta de una respuesta pública del Centro de Estudios Aeronáuticos al momento de la publicación del informe.
La discusión se concentra, por ahora, en la idoneidad del instructor y en los controles aplicables a la formación aeronáutica. La información publicada no establece que el caso haya producido un incidente operacional ni atribuye al instructor una responsabilidad en un accidente. Cualquier conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos, la validez de sus documentos o la actuación de las entidades responsables deberá surgir de las verificaciones oficiales correspondientes.
