Control disciplinario por contrato de sistemas de voz para navegación aérea
La Procuraduría General de la Nación inició el 18 de octubre de 2026 una investigación disciplinaria dirigida a establecer responsabilidades en la adjudicación y supervisión de un contrato por $36.300 millones destinado a suministrar e instalar sistemas de comunicaciones de voz (VCS) en 18 aeropuertos del país. Los funcionarios vinculados son José Henry Pinto Rodríguez, exdirector general de la Aeronáutica Civil durante 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general entre 2025 y 2026; y Carlos Uriel Barragán Mina, quien fue secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
Según la Procuraduría, la indagación se enfoca en posibles deficiencias administrativas y en la falta de gestión para autorizar viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante. Esas verificaciones, que debían realizarse antes del envío de los dispositivos a Colombia, tenían como finalidad comprobar la calidad de los VCS y garantizar que cumplieran las condiciones técnicas contractuales.
Los sistemas de comunicaciones de voz son elementos utilizados en las operaciones de navegación aérea para el intercambio entre controladores y pilotos, por lo que su correcta verificación e instalación son relevantes para el servicio en las aerovías y la operación de los aeropuertos. La Procuraduría advierte que la omisión de inspecciones previas podría afectar el control de calidad y la capacitación del personal de la Aeronáutica Civil, obligaciones expresamente previstas en el contrato.
Qué busca la investigación y qué implica para el sector
- Determinar si los exfuncionarios incurrieron en faltas disciplinarias durante la ejecución y supervisión del proyecto.
- Establecer si la autorización —o la ausencia de autorización— de viajes para supervisión técnica vulneró el control de calidad previo al traslado de los equipos.
- Valorar el impacto de la falta de supervisión sobre la capacitación del personal operativo que debía recibir instrucción del fabricante.
La apertura del proceso disciplinario no equivale a una declaración de responsabilidad. La Procuraduría indicó que la actuación busca reconstruir las circunstancias de los hechos y determinar la eventual responsabilidad individual de cada vinculado en la contratación y supervisión del proyecto.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Valor del contrato | $36.300 millones |
| Aeropuertos involucrados | 18 instalaciones (no listadas en la comunicación de la Procuraduría) |
| Funcionarios investigados | José Henry Pinto Rodríguez; Luis Alfonso Martínez Chimenty; Carlos Uriel Barragán Mina |
| Objeto | Instalación y verificación de sistemas VCS y capacitación asociada |
El órgano de control resalta que las verificaciones técnicas que se habrían debido hacer en el país de origen del fabricante son parte del régimen de garantía de calidad y del cumplimiento de obligaciones contractuales. Además, la entidad subraya que la capacitación del personal de la Aeronáutica Civil era otra obligación prevista en el contrato y que podría haberse visto afectada por la ausencia de dichas inspecciones.
El avance del proceso disciplinario dependerá de las pruebas que recoja la Procuraduría y de la colaboración de la Aeronáutica Civil y de las partes contratistas. Por ahora, la investigación tiene carácter indagatorio y la entidad todavía no ha establecido sanciones ni responsabilidades formales.
Para los usuarios del sistema aéreo y los operadores aeroportuarios, la fiscalización de contratos que involucran equipos críticos constituye un elemento de interés público: garantiza que las inversiones en infraestructura y tecnología cumplan los requisitos técnicos y contribuyan a la seguridad y eficiencia operacional.
